Un nuevo esquema de corrupción transfronteriza quedó al descubierto tras revelarse que la firma agrícola estadounidense Scoular, con sede en Omaha, Nebraska, destinó más de 400 mil dólares en sobornos a funcionarios aduanales mexicanos entre 2013 y 2019. El objetivo era evadir las inspecciones sanitarias para la entrada de maíz contaminado con tierra e impurezas, maniobra que indirectamente terminó beneficiando a estructuras vinculadas al crimen organizado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la agroindustrial pactó el pago de sobornos por un monto fijo de 2 mil dólares por cada tren de carga que cruzaba la frontera. Los recursos eran canalizados a través de agentes aduanales externos y posteriormente facturados de forma fraudulenta bajo el concepto de “reembolso de costos de reinspección”.
Omisión rentable y nexos con el crimen
La investigación de las autoridades federales de EU señala que personal directivo de Scoular mantenía coordinación constante con operadores en México mediante mensajería instantánea para monitorear el avance de los cargamentos irregularmente aprobados. Con esta práctica, la compañía evitó pérdidas y gastos operativos calculados en 6.5 millones de dólares.
Aunque el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, precisó que la corporación desconocía que los intermediarios tenían nexos directos con un cártel del narcotráfico, subrayó la gravedad de la omisión:
“Nada entra ni sale de México sin la aprobación y el pago a los cárteles. Las empresas estadounidenses tienen la responsabilidad estricta de no beneficiar a estas organizaciones ni poner en riesgo la seguridad nacional.”
Sanciones millonarias y declaratoria de culpabilidad
Para suspender la acción penal por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Scoular formalizó un acuerdo de diferimiento de juicio por tres años con el DOJ. Este compromiso implica desembolsar un total de 10.18 millones de dólares, desglosados en:
- Multa penal: 9,769,521 dólares.
- Decomiso de ganancias ilícitas: 414,351 dólares.
Asimismo, la empresa se obligó a reestructurar sus controles internos, implementar un programa estricto de ética e integridad comercial y rendir informes periódicos ante el gobierno estadounidense.
Como antecedente directo del caso, en octubre de 2025, el agente aduanal Carlos Leopoldo Alvelais admitió su culpabilidad ante la justicia norteamericana por haber actuado como ejecutor de las entregas de dinero en efectivo a las autoridades mexicanas.
