El 18 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto que aprueba el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030. Es uno de los programas institucionales que establece la Ley y que por su naturaleza se encuentra a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la República.
La pertinencia de este programa identificado como PRONAC, nos da además una serie de datos duros sobre la relevancia económica de la caña de azúcar en México y sobre las diferentes dificultades y problemáticas críticas en su cultivo y comercialización. Y resulta más relevante para Veracruz, ya que esta entidad tiene el mayor número de ingenios (19) y concentra el 40 por ciento de la producción nacional.
El otro dato que nos debe preocupar, es que de las 844,700 hectáreas de cultivo en el país, desde la zafra 2012-2013, la producción nacional ha bajado, cayendo de 780,254 toneladas en esos años, hasta los 736,486 mil del ciclo 2024-2025. Aún así a nivel nacional, este cultivo ocupa el segundo lugar después del maíz.
En el caso de la caña, esta circunstancia se debe a menores rendimientos por hectárea y a que se cultivan cañas de menor calidad. Pero a esa tendencia a la baja, hay que agregar también el pago decreciente por tonelada que reciben los productores cañeros.
En Veracruz, hace tan sólo dos años los cañeros recibieron 1,200 pesos por tonelada, y en estos momentos se habla apenas de 900 pesos. Ello explica la toma de bodegas por los afectados, que con frecuencia ocurren en algunas regiones y la exigencia de que se establezcan precios catastróficos.
Pero en esta entidad, quizá el mayor problema que tienen los productores, radica en la falta de interés y escasa operatividad que manifiesta el titular de la SEDARPA, la instancia veracruzana responsable del desarrollo agropecuario y los asuntos relacionados con el tema.
El secretario Rodrigo Calderón no ha hecho nada para evitar o disminuir la invasión del hongo Fusarium sacchari y del hongo Carbón recientemente en los sembradíos de caña de los municipios de Actopan y Úrsulo Galván, donde se han perdido decenas de parcelas, llevando a la ruina a cerca de 300 productores a quienes acecha el gusano barrenador y la mosca pinta. Incluso se comenta que 8 de cada 10 campos cañeros sufren esta amenaza que avanza caña por caña destruyendo día a día la producción.
El Programa publicado en el Diario Oficial plantea un horizonte al año 2030, pero también en su articulado avisa que no tiene un presupuesto propio y que las dependencias involucradas deberán participar sólo con los presupuestos aprobados para cada ejercicio.
Por eso las 70,000 familias cañeras y alrededor de 300 mil hectáreas con este cultivo, esperan que la gobernadora Rocío Nahle apruebe recursos extraordinarios como apoyo a este sector que quiere sobrevivir por muchas décadas más. De no hacerlo, los productores estarán en riesgo de perder siembras y también parcelas y propiedades. Porque los costos son difíciles de sufragar en épocas de vacas flacas.
El contador Calderón podría instrumentar un programa de apoyo con semillas libres de plagas, fertilizantes suficientes, acciones de renovación de cepas y disminución de campos envejecidos.
Sólo así se cumpliría el objetivo del PRONAC en 2030: Alcanzar una industria cañera productiva, competitiva, diversificada, sustentable y socialmente responsable. Desde luego, entendiendo plenamente que la agroindustria de la caña de azúcar es la cadena de valor agroindustrial de mayor importancia en México.
