El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que redefine la ruta para renovar el Poder Judicial en Veracruz. Con el aval de la mayoría legislativa, los comicios para elegir a las magistraturas y juzgados que no entraron en el proceso de 2025 se postergarán hasta junio de 2028, extendiendo de manera automática el periodo de los nombramientos vigentes.
La iniciativa, impulsada por la diputada morenista Tanya Carola Viveros Cházaro, se consolidó en periodo extraordinario con 36 votos a favor y seis en contra. El ajuste constitucional establece que los juzgadores que resulten electos en la jornada de 2028 asumirán funciones el 1 de septiembre de ese mismo año por un periodo de ocho años —a excepción de dos magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, cuya gestión durará cinco años—.
Para evitar vacíos institucionales, la normativa contempla una prórroga para las y los magistrados cuyo encargo concluía originalmente en 2027, extendiendo su permanencia hasta septiembre de 2028.
Respecto a la titularidad del Tribunal Superior de Justicia, cuyo periodo concluye en 2027, el Pleno designará una presidencia interina que ocupará el cargo hasta agosto de 2028. Posteriormente, el liderazgo de este órgano recaerá directamente en la persona que obtenga el mayor número de sufragios en la contienda en urnas.
Oposición tilda de “fallida” la medida; la mayoría defiende armonización
La aprobación desencadenó un ríspido debate en la tribuna. La bancada de oposición cuestionó la viabilidad de la política judicial en la entidad:
- PRI: La legisladora Ana Rosa Valdés Salazar catalogó el dictamen como “la reforma de una reforma fallida”.
- PAN y Movimiento Ciudadano: Argumentaron que las constantes modificaciones vulneran la autonomía e independencia del Poder Judicial.
- Morena: Sostuvo que los cambios atienden a los aprendizajes de la primera contienda electoral y buscan homologar el marco local con los lineamientos federales.
El nuevo diseño institucional delega la organización del proceso al Organismo Público Local Electoral (OPLE) en coincidencia con los comicios generales de 2028. Entre los ajustes técnicos y procesales destacan:
Escrutinio inmediato: El conteo de votos se efectuará directamente en las casillas y no en centros de cómputo, adaptándose al formato de las elecciones constitucionales.
Filtros para candidaturas: Cada uno de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) podrá proponer hasta dos perfiles por vacante a través de comités de evaluación integrados por juristas.
Requisitos de idoneidad: Los aspirantes deberán entregar un ensayo justificativo de su postulación y cinco cartas de recomendación que avalen su trayectoria.
Evaluación continua: Los jueces deberán someterse a revisiones obligatorias de desempeño durante su primer año de gestión, bajo el escrutinio del Tribunal de Disciplina Judicial.
Las impugnaciones resultantes del proceso deberán ser resueltas por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) previo a la rendición de protesta de las autoridades electas. El Congreso fijó como fecha límite el 31 de agosto del año en curso para armonizar las leyes secundarias correspondientes.
