En lo que se perfila como una operación de ilusionismo financiero, la gobernadora Rocío Nahle García encabezará este día una reunión en la capital del estado con los 199 alcaldes atrapados en el esquema de bursatilización. El discurso oficial promete una supuesta “salida definitiva” del mecanismo; sin embargo, una investigación de PalabrasClaras.mx confirma que no existe tal saneamiento, sino una reconfiguración de la deuda que transfiere la soga financiera al propio estado bajo un manto de absoluta opacidad.
La realidad detrás de los números contradice la narrativa de la disciplina financiera que intenta proyectar la actual administración.
La ruta del dinero que el Gobierno estatal oculta
El Fideicomiso F-998, herencia del fidelismo y el duartismo que originalmente adelantó 1,207 millones de pesos a los ayuntamientos a cambio de comprometer el 20% de la Tenencia y el 7.5% de sus participaciones federales, mantiene hoy un saldo de deuda de más de 1,403 millones de pesos, con una fecha de vencimiento original pactada para el 31 de julio de 2036.
No obstante, el fideicomiso alberga un jugoso botín: un fondo de reserva que supera los 500 millones de pesos en “dinero fresco” que quedaría liberado al liquidarse el adeudo. La gran interrogante que la administración de Rocío Nahle se niega a transparentar es la procedencia del capital para dicha liquidación:
¿De qué bolsa salieron los más de 1,403 millones de pesos? El gobierno no ha aclarado si se utilizaron recursos propios, adquirió crédito adicional o fondos federales etiquetados (como el FAFEF).
Al saldarse la cuenta con los tenedores originales (representados por Banco Invex y Grupo Financiero Multiva), la deuda no desaparece; simplemente el estado de Veracruz se convierte en el nuevo acreedor de los municipios.
La urgencia por destrabar el esquema financiero levanta sospechas sobre el destino final que la Secretaría de Finanzas dará a los millonarios recursos del fondo de reserva una vez liberados.
Discurso de austeridad, realidad de endeudamiento
En tanto Rocío Nahle vende politícamente la liberación de los municipios como un logro administrativo, por debajo de la mesa la deuda global de Veracruz sigue creciendo.
Apenas en enero de 2026, la administración de Nahle suscribió dos nuevos créditos bancarios por más de 4,860 millones de pesos, con vencimiento hasta el año 2040 y sujetos a las fluctuaciones de la tasa TIIE, un movimiento que empujó la deuda pública estatal por encima de la barrera de los 50 mil millones de pesos.
El efecto de esta maniobra es directo y adverso: las participaciones federales de los veracruzanos continúan hipotecadas a largo plazo.
En las finanzas públicas los milagros no existen: el costo no se evapora, solo se redistribuye. Si la carga final se traslada a los municipios, se asfixiará su capacidad operativa y de obra pública; si la absorbe el estado, aumenta su ya crítica exposición financiera; y si interviene la banca comercial —como BBVA México—, el mercado exigirá rendimientos que terminarán pagando los contribuyentes.
Las preguntas que Finanzas no responde
El escenario no apunta a un rescate, sino a un refinanciamiento forzado sin consenso institucional ni reglas de operación claras. Ante la falta de luz pública en el manejo de estos pasivos, los cuestionamientos de cara a los ciudadanos y a las administraciones municipales son obligados:
¿Bajo qué condiciones financieras se obligará a los municipios a pagarle ahora al estado?
¿Se contrató nueva deuda pública estatal camuflada para poder “extinguir” este fideicomiso?
¿Cuál será el destino y las reglas de operación para el uso del fondo de reserva liberado?
La reunión de hoy en Xalapa dista de ser un beneficio municipal; es la consolidación de un esquema centralizado donde el costo financiero real se oculta y, con intereses acumulados, se traslada directamente al futuro de los veracruzanos.
