La tensión entre el gremio transportista y el Gobierno del Estado sumó un nuevo episodio. Concesionarios de la capital veracruzana advierten que podrían boicotear el proceso de reordenamiento vehicular programado para 2027, en protesta por la falta de respuesta a sus demandas históricas y su exclusión en el debate sobre la regulación de las plataformas digitales.
Mara Cristina Avilés Montiel, dirigente de la Unión de Transportistas del Estado de Veracruz, fue enfática al señalar que el sector atraviesa por un profundo malestar generado por tres factores críticos:
- Tarifas desactualizadas: Un rezago que asfixia la economía de los choferes.
- Burocracia paralizante: Retrasos de hasta dos años en la entrega de placas y trámites de registro vehicular.
- Cerrazón institucional: La nula apertura al diálogo por parte de las autoridades estatales.
“Estamos pensando muy seriamente en no cumplir con el reemplacamiento. Si la autoridad nos golpea por un lado, nosotros no vamos a responder a sus exigencias”, sentenció la líder transportista.
Primero la casa, luego las aplicaciones
La representación de la Unión de Transportistas argumentó que resulta ilógico avanzar en marcos normativos para las aplicaciones móviles de transporte mientras el servicio público tradicional opera en la sombra del desorden administrativo.
- A pesar de haber ingresado múltiples peticiones formales para reunirse con la mandataria estatal, el gremio asegura no haber recibido ni una sola fecha en la agenda gubernamental.
Avilés Montiel aclaró que el gremio no se opone a la tecnología ni a la llegada de plataformas digitales, siempre y cuando se le permita laborar exclusivamente a unidades formalmente concesionadas.
El ultimátum está sobre la mesa: si el Gobierno de Veracruz no destraba el rezago administrativo ni abre canales directos de negociación, el reordenamiento del transporte en 2027 nacerá muerto.
“No estamos en contra de las aplicaciones, pero pedimos que sean solo para taxis regularizados. Nosotros pagamos seguros, mantenemos una concesión desde hace años y cumplimos con pagos e impuestos en cada administración. Es injusto competir sin reglas claras”, concluyó.
